Cinco tribunales de provincia liquidaron la tarde del jueves en Venezuela cualquier posibilidad de que se organice un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Casi al mismo tiempo juzgados penales de los estados de Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo y Monagas han dictado medidas cautelares para suspender el curso del proceso mientras se investiga un supuesto fraude en la primera etapa, que consistió en la presentación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) del uno por ciento de las firmas del padrón electoral.
La oposición se alistaba para el último paso -el consentimiento del 20% de las personas habilitadas para votar- entre el miércoles 26 y el viernes 28 de octubre, pero el proceso se ha suspendido hasta nueva orden. En un comunicado el CNE ha anunciado que acata las resoluciones de los cinco tribunales y ha hecho un llamado “al diálogo nacional como fórmula democrática por excelencia para preservar la paz y la estabilidad de la República”.
La decisión abre un período peligroso e incierto en la aguda crisis política y económica de la nación sudamericana. El referéndum revocatorio era visto como el último recurso para evitar una confrontación entre los venezolanos. Todos los esfuerzos para sentar a las partes a dialogar no se han concretado y nada hace suponer que ese proceso, impulsado por una misión de la Unión de Naciones Sudamericanas encabezada por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana), pueda continuar de persistir la aguda confrontación política.
Y es que la oposición se había aferrado al plebiscito para intentar un cambio de timón en la conducción de Venezuela, lastrada por una inédita crisis de todo signo: la inflación más alta del mundo, una violencia rampante, la imposibilidad de adquirir bienes esenciales para la dieta y el quiebre generalizado del pacto social entre sus habitantes. Pero no ha sido posible.
