El Departamento de Justicia de Estados Unidos no puede obligar a Apple a dar al FBI acceso a los datos de un iPhone codificado que es parte de un caso de rutina relacionado con drogas que se dirime en Brooklyn, falló el lunes un juez de Nueva York.
La decisión del magistrado federal James Orenstein respalda la postura de la compañía en su pleito contra la orden de una juez de California de crear un software especializado para ayudar al FBI a ingresar a un iPhone vinculado a la investigación de terrorismo en San Bernardino. El viernes es la fecha límite para que Apple presente su oposición a la orden de la juez Sheri Pym.
El iPhone 5C propiedad del Condado de San Bernardino fue utilizado por Syed Farook, quien trabajaba como inspector de salud. Él y su esposa, Tashfeen Malik, asesinaron a 14 personas durante un atentado el 2 de diciembre que fue, en parte, inspirado por el grupo Estado Islámico.
La oposición de Apple a las tácticas gubernamentales ha generado un debate nacional sobre los derechos a la privacidad digital y la seguridad nacional.
Orenstein concluyó que Apple no está obligada a ayudar a los investigadores gubernamentales en contra de su voluntad y resaltó que el Congreso no ha adoptado una ley que derive en el resultado al que aspira el Gobierno.
“Encontrar la mejor manera de balancear esos intereses es de vital importancia para nuestra sociedad, y la necesidad de una respuesta es cada día más imperante, conforme la tecnología rebasa barreras que parecían imposibles incluso unas décadas atrás”, escribió Orenstein. “Pero ese debate debe realizarse hoy, y debe llevarse a cabo entre los legisladores que están equipados para considerar la realidad cultural y tecnológica de un mundo que sus predecesores no podían concebir”.
Un portavoz del Departamento de Justicia manifestó que estaban decepcionados por el fallo y planean apelarlo en los próximos días. Apple y sus abogados indicaron que estaban preparando una postura y comentarían más adelante.
En octubre pasado, Orenstein invitó a Apple a impugnar el uso que da el Gobierno a una ley de 227 años de antigüedad para obligar a la compañía a que ayude a recuperar los datos de iPhone en casos criminales.
La empresa tecnológica con sede en Cupertino, California, aceptó la invitación del juez y dijo en documentos de la Corte que extraer información de un iPhone “podría amenazar la confianza entre Apple y sus consumidores, y dañar de manera importante a la marca”.
Siguió declinando cooperación en una docena de instancias más en cuatro estados en los que había solicitudes del Gobierno para asistir en las investigaciones criminales recuperando datos de teléfonos individuales.
Los fiscales federales señalan que Apple no ha impugnado judicialmente las órdenes de la Corte, excepto en los casos ante Orenstein y la juez de California, que falló con respecto al teléfono del atacante de San Bernardino.
“La pregunta a responder en este asunto y otros similares en todo el país no es si el Gobierno debe obligar a Apple a desbloquear un dispositivo en específico, sino si la Ley de Recursos resuelve este tema en particular y muchos similares que se presentarán en el futuro”, escribió Orenstein. “Por las razones mencionadas con anterioridad, concluyo que no lo hace”.
