Una auditoría llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos concluyó que las autoridades separaron en la frontera con México a “miles” de niños más que los que ha reconocido oficialmente. Admitió que la cifra exacta es “desconocida” por la falta de datos precisos.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos estadunidense analizó el antes y el después de la política de “tolerancia cero” aplicada por el presidente Donald Trump en la frontera sur, que supuso la separación de las familias migrantes sin importar que en ellas hubiese menores de edad.
En la primavera de 2018, la administración ordenó separar a las familias para que los adultos quedaran bajo arresto de las autoridades federales y los niños bajo resguardo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés). La justicia ordenó el 26 de junio paralizar esta controvertida política y reunir a las familias, a raíz de una demanda colectiva.
Una investigación oficial detectó que desde el verano de 2017 ya hubo un “drástico incremento” de la separación de niños en la frontera y que hasta el dictamen judicial de junio del año siguiente, la ORR recibió y liberó a “miles” de menores. En julio de 2018 tenía registrados más de dos mil 600 casos.
Asimismo, entre julio y noviembre del año pasado, recibió al menos 118 niños más, según la Oficina del Inspector General, que no ha podido cerrar una cifra completa de los menores separados —es “desconocida”— por la falta de registros completos y el retraso de las tramitaciones.
“Esta política fue un cruel desastre desde el principio. Este informe reafirma que el gobierno nunca tuvo una idea clara de cuántos niños separaron de sus padres”, afirmó el director de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, Lee Gelernt.
