Están dadas las condiciones para que, durante el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero, el Congreso de la Unión legisle sobre el uso lúdico o recreativo de la mariguana, para pasar de la prohibición a la regulación por parte del Estado, aseguró la vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez.
En el marco del foro ‘¿Legalizar la mariguana?’ recordó que existen iniciativas suficientes como la presentada por ella a nombre del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la de la ahora titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero y la de la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle para construir un marco jurídico que establezca reglas para, por ejemplo, producir mariguana de autoconsumo.
La diputada federal explicó que la Secretaria de Salud y la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural tendrían que definir qué parcelas se podrían utilizar para la siembra, industrialización, transporte, compra y venta de la mariguana, y no se descartan apoyos para los productores del campo.
En su oportunidad, Froylán Enciso, académico del Programa de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), advirtió que no se puede perder más tiempo para establecer una regulación de la mariguana, porque “se debe quitar esa renta al crimen organizado”, y luchar por la justicia para las víctimas de la violencia y para los campesinos que han sido perseguidos durante siglos.
La regulación debe venir ya, no tenemos que esperarnos a que nos coma el mandado Estados Unidos y otras potencias, no tenemos que esperarnos a que nos sigan viendo como los que tenemos que poner los muertos, mientras en Estados Unidos se fuma mariguana y se obtienen recursos económicos muy importantes de la mariguana, muy tranquilamente”, subrayó.
Lisa María Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia manifestó que el debate ahora en México ya dejó de ser si debemos o no regular la mariguana, para pasar al cómo, cuáles serían las restricciones y las salvaguardas al órgano regulatorio, donde, desde su opinión, el objetivo debe ser la mitigación de riesgos y daños en materia de seguridad como en salud pública.
