Para que el INE pudiera organizar la consulta popular sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, para finales de octubre, en principio tendría que realizarse una reforma constitucional que le permitiera hacerla, debido a que la Ley lo mandata a organizarlas solo en año electoral.
Desde julio pasado, consejeros del Instituto como Ciro Murayama, Claudia Zavala y Marco Baños, entre otros, consideraron inviable realizar la consulta de la que habló el entonces candidato ganador Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente electo, por los mandatos Constitucionales actuales.
El Artículo 35 de la Constitución establece que las consultas populares deben ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República por el equivalente a 33% de los integrantes de las Cámaras de Diputados o Senadores, o bien impulsadas por dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.
En este caso, para que la consulta pudiera operar por la actual vía legal, tendría que solicitarla el Congreso de la Unión, toda vez que el Presidente Electo toma protesta hasta el próximo 1 de diciembre y se planea que la consulta se realice a fines de octubre.
Sin embargo, el INE estaría impedido para hacerla en esa fecha, si no hay reformas Constitucionales, y el Congreso tendría que dotarlo de los recursos necesarios para la organización. 89 millones de votantes deben tener las garantías para poder participar en la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto.
