El equipo legal del presidente venezolano Nicolás Maduro introdujo el viernes un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para bloquear cualquier acción del parlamento, de mayoría opositora, que busca apoyo internacional ante la grave crisis que vive el país petrolero.
El gobierno socialista considera que la directiva de la Asamblea Nacional violó la Constitución al solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) que invoque la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela.
En un extenso informe sobre el país caribeño, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó esta semana convocar a una reunión en el seno de esa organización para determinar si en Venezuela se rompió el hilo democrático, como denunció el parlamento.
No quedó inmediatamente claro el efecto que podría tener la acción sobre la Asamblea Nacional o su junta directiva.
La Constitución autoriza sólo al Presidente a llevar las relaciones exteriores de Venezuela y celebrar o ratificar tratados y convenios internacionales. Sin embargo, es potestad de la Asamblea Nacional vetar estos convenios.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máximo ente judicial del país, ha vetado una tras otra las leyes que la Asamblea ha aprobado desde que asumió en enero tras arrebatarle la mayoría al “chavismo” en las últimas elecciones legislativas.
Maduro, quien llegó a la presidencia del país petrolero en 2013 tras unas reñidas elecciones, asegura que la oposición, con apoyo externo, ejecuta una “guerra económica” con miras a sembrar zozobra y desbancarlo.
La oposición, por su parte, acusa a Maduro de ser el principal responsable de la crisis que vive Venezuela con la inflación más alta del mundo, una profunda recesión económica y escasez de alimentos y medicinas, por lo que busca llevar adelante un referéndum revocatorio para acortar su mandato.
