El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, resaltó que el protocolo de seguridad sobre Joaquín Guzmán Loera es el que marca la ley.
Fundamentó las medidas de seguridad hacía el líder del Cártel del Pacífico en el último párrafo del artículo 18 Constitucional, que establece este tipo de condiciones cuando se trata de delincuencia organizada.
Trabajamos con la Comisión Nacional de Seguridad, para garantizar que los protocolos se ajusten al mandato de la Constitución, y también se respeten los derechos humanos”, garantizó.
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